Se revoca la sentencia impugnada que estimó la acción social ejercitada contra el recurrente, en calidad de administrador de una sociedad, por las deudas sociales, por estar incursa la sociedad en causa legal de disolución y no haber realizado las actuaciones que le eran exigibles para la disolución y liquidación de la sociedad ni solicitar la declaración de concurso.

Declara la Sala que para atribuir al administrador social la responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales existentes ha de estar vigente su cargo, y, por tanto, no se le puede atribuir tal responsabilidad por las obligaciones nacidas con posterioridad al cese de su cargo, pese a que el incumplimiento de promover la disolución y liquidación por concurrir causa legal para ello se haya producido estando vigente su nombramiento. En el presente caso, la obligación social nació antes del acaecimiento de la causa legal de disolución, por lo que no puede condenarse al administrador solidariamente con la sociedad al pago de la deuda con base, tal y como hizo la sentencia recurrida, en el art. 105.5 de la LSRL, en la redacción dada por la disposición final 2 de la Ley 19/2005.

Fuente: Iustel