Los alimentos reclamados para los hijos menores deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda

agosto 28, 2019 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

Los alimentos reclamados para los hijos menores deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda

Casa la Sala en STS de 19 de junio de 2018 la sentencia recurrida que, en juicio de divorcio, negó que la condena de alimentos en favor de las hijas menores del matrimonio litigante tuviera sus efectos desde el momento en que se formuló la demanda, conforme al art. 148.1 del CC, porque la solicitud de que se condenase al pago de alimentos con carácter retroactivo no se realizó ni en la demanda que formuló el progenitor no custodio ni en la contestación, no pudiéndose deducir, a su juicio, de la lectura de la contestación a la demanda una petición implícita de retroactividad de la pensión, no solicitándose ni siquiera medidas provisionales coetáneas.

Afirma el Alto Tribunal que la sentencia impugnada contradice la doctrina reiterada de la Sala, y que se está ante unos alimentos que se fijan en beneficio e interés de los menores afectados por el divorcio de sus padres, sin estar sometidas a la justicia rogada, hasta el punto de que el párrafo primero del art. 93 del CC contempla un derecho incondicional, que debe ser sancionado incluso de oficio. Y si en ausencia de justicia rogada el Juez viene obligado a fijar pensión alimenticia en favor de los hijos menores, ningún problema debería tener en hacer extensiva esta prestación a la fecha en que, con carácter imperativo, el art. 148 del CC extiende esta prestación al momento de la formulación de la demanda.

Fuente: Iustel

Validez del convenio regulador suscrito por los progenitores no aprobado judicialmente

agosto 28, 2019 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

Validez del convenio regulador suscrito por los progenitores no aprobado judicialmente

Establece la STS de 15 de octubre de 2018 que es válido y eficaz el convenio regulador suscrito por los cónyuges en situaciones de crisis matrimonial, no aprobado judicialmente, en el que se pactan los alimentos del hijo si respeta el principio de interés del menor.

Se confirma la sentencia que condenó al recurrente a abonar los alimentos debidos a su hijo menor de edad, en virtud del convenio regulador suscrito por los cónyuges, no homologado judicialmente.

Cuestionándose la validez y eficacia jurídica del convenio regulador, en situaciones de crisis matrimonial, que no ha sido sometido a aprobación judicial, señala la Sala que los acuerdos sobre medidas relativas a hijos comunes, menores de edad, son válidos siempre y cuando no sean contrarios al interés del menor, no pudiendo renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, ni compensarse con una deuda entre los progenitores, ni someterse condicionalmente en beneficio de los menores. En este caso los cónyuges redactaron de mutuo acuerdo un convenio de naturaleza privada, no aprobado judicialmente, para regir las relaciones de la separación de hecho. El actor opone la excepción del contrato incumplido, alegado que su incumplimiento de la obligación alimenticia pactada viene precedido del incumplimiento por la recurrida del régimen de visitas y comunicación entre él y su hijo, que también fue pactado; alegación que no puede ser acogida pues, la especial naturaleza de la obligación alimenticia de los progenitores para con sus hijos menores de edad, impide hacer depender su pago del cumplimiento o incumplimiento del progenitor custodio de otras estipulaciones del convenio.

Fuente: Iustel

Base imponible del ITP en la dación en pago

agosto 28, 2019 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

Base imponible del ITP en la dación en pago

Establece la STS de 4 de febrero de 2019 que en una dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor hipotecario, la base imponible del ITP será el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue cuando sea superior al valor del inmueble que se transmite.

La cuestión suscitada en el presente litigio consiste en determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible ha de fijarse en función del valor real del bien inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

La Sala, partiendo de que, en este caso, el deudor hipotecario convino con la entidad bancaria la dación en pago de un inmueble como forma de cancelar la deuda hipotecaria que mantenía con dicha entidad, declara que, de acuerdo con una interpretación conjunta de los arts. 10 y 46.3 del TRITPAJD, en una dación en pago de un inmueble hipotecado al acreedor hipotecario, la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, habrá de fijarse en función del importe de la deuda hipotecaria pendiente de amortizar que se extingue con la operación, cuando dicha deuda sea superior al valor real del bien inmueble que se transmite.

Fuente: Iustel

El Supremo reconoce a los deportistas «de élite» el derecho a indemnización por fin de contrato

agosto 5, 2019 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

El Supremo reconoce a los deportistas «de élite» el derecho a indemnización por fin de contrato

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que refuerza y aclara su doctrina fijada en 2014 sobre el pago de indemnización de contrato laboral a los deportistas profesionales. Establece que una vez concluyan su contrato tienen derecho a cobrar doce días de salario por año de servicio con independencia de que sean o no considerados «de élite».

En esta sentencia concreta se da la razón al futbolista Sergio Mora -jugó entre otros en el Alcorcón y en Primera en los equipos de Getafe y Rayo Vallecano-, quien reclamaba el pago de una indemnización de 34.576 euros por fin de contrato con la Agrupación Deportiva Alcorcón S.A.D, donde jugó seis temporadas desde 2009 hasta 2015 en Segunda División. Al finalizar su relación laboral con este club fue contratado por el Deportivo Alavés.

El juzgado de lo Social número 4 de Madrid rechazó en su día la demanda del futbolista por entender que había tenido una carrera profesional exitosa y que la indemnización procedía en el caso de los deportistas con «resultados humildes» pero no en los «de élite».*

NO PERTENECE AL CLUB DE LOS SUELDOS MILLONARIOS

En este caso, valoró que, aunque no pertenecía al reducido grupo de jugadores que cobran sueldos millonarios, sí se encontraba en mejor situación que otros futbolistas que juegan en Segunda División B o divisiones inferiores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó el fallo de primera instancia.

El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia recurrida y asegura que «el contrato laboral que vinculaba al futbolista y a su Club ha finalizado por expiración del tiempo convenido ; la regulación laboral común es supletoria de la especial para este contrato; el Estatuto de los Trabajadores (ET) contempla una indemnización por finalización de contrato temporal (artículo 49.1.c ET), existen poderosas razones para extender al ámbito de los deportistas con contrato temporal las mismas condiciones que las disfrutadas por las personas con contratos de régimen común; el nivel retributivo no aparece en norma alguna como modulador de los derechos frente a la empresa».

En consecuencia -concluye la Sala- «cuando finaliza el contrato temporal de un futbolista por expirar el tiempo convenido, por elevado que sea su salario, se hace acreedor de la indemnización prevista en el artículo 49.1.c ET».

NO DEPENDE DEL NIVEL RETRIBUTIVO

El tribunal concluye que la aplicación de dicho artículo del Estatuto de los Trabajadores a los contratos temporales de quienes están bajo el ámbito aplicativo del Real Decreto 1006/1985 «no puede depender de su mayor o menor nivel retributivo». Añade que se aplica siempre que ha habido una contratación temporal que llega a su término «con independencia de cuál sea el salario de la persona afectada o su posición respecto del importe previsto por el convenio colectivo».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Sempere, señala que la toma en consideración del elevado nivel de ingresos, en términos comparativos, tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando se trata de acceder a prestaciones públicas, como las del Fondo de Garantía Salarial, cuando se afrontan los derechos de quienes poseen una posición acreedora frente al trabajador o cuando se gradúa la concurrencia de créditos frente al empleador.

Sin embargo, subraya que «cuando se trata de dotar de contenido a los derechos patrimoniales que quien trabaja posee frente a su empleador, la Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios elevados de quienes se encuentran en el otro extremo del abanico retributivo. No lo hace ni respecto de los contratos comunes, ni respecto de las relaciones laborales de carácter especial».

La sentencia incluye un voto particular, firmado por el magistrado Miguel Ángel Luelmo Millán, en el que expresa su discrepancia con el criterio de la mayoría y en el que defiende que debía desestimarse el recurso del futbolista, de acuerdo con el Ministerio Fiscal.

Fuente: Iustel

El Tribunal Supremo ampara la expulsión de España de un ciudadano belga condenado por violencia de género

agosto 5, 2019 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

El Tribunal Supremo ampara la expulsión de España de un ciudadano belga condenado por violencia de género

El Tribunal Supremo ha amparado la expulsión del territorio español de un ciudadano de nacionalidad belga, con origen dominicano y que residía en España desde hace 10 años, que ha sido condenado por delitos de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar.

Para el alto tribunal, la expulsión del territorio se adopta con «respeto a la legislación reguladora del orden y la seguridad pública». «La gravedad de la actividad delictiva del interesado es evidente y se desprende de hechos acaecidos recientemente y que permiten calificar su presencia en España como amenaza real, actual y suficientemente grave», alega el Supremo.

Estos argumentos son los que ofrece el Tribunal Supremo en una sentencia en la que se rechaza el recurso presentado por el ciudadano belga contra la resolución de la Delegación del Gobierno en La Rioja del año 2017, que decretó su expulsión y estableció una prohibición de entrada en España por el periodo de 5 años.

Para el alto tribunal, el tener arraigo en España «no puede prevalecer» y apunta que «el recurrente constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público y la seguridad pública».

«Los derechos de residencia y trabajo de extranjeros no constituyen una categoría absoluta que impida su expulsión, ya que tales derechos no son ilimitados y absolutos y se encuentran sometidos a los límites impuestos por otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos como la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito», argumenta.

«La expulsión no supone ningún sacrificio ilegítimo ni desproporcionado al principio de protección a la familia, toda vez que sus delitos cometidos lo son en el ámbito familiar», subraya el Supremo.

El hombre fue condenado en 2014 a nueve meses de prisión y dos años de prohibición de aproximarse o comunicación de su víctima por la comisión de un delito de violencia doméstica y de género. En 2016, fue condenado a 30 días de multa, por la comisión de un delito de lesiones.

Y en el año 2017, fue condenado a 52 días de trabajos en beneficio de la comunidad, ocho meses de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima y cuatro meses de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, por la comisión de sendos delitos de violencia doméstica y de género.

Fuente: Iustel