Examina el Tribunal Supremo la incidencia de la reforma operada en el TRLSC llevada a cabo por la Ley 31/2014, en relación a la retribución de los administradores en las sociedades de capital.

Así, declara que, conforme al nuevo diseño, se exige que consten en los estatutos de las sociedades no cotizadas la retribución de los administradores, exigencia que se extiende a todos los administradores sociales, incluidos los miembros del consejo de administración y, dentro de ellos, a los consejeros delegados y ejecutivos. Esta exigencia tiene por finalidad primordial favorecer la máxima información a los socios para facilitar el control de la actuación de los administradores en una materia especialmente sensible. Por otro lado, el nuevo sistema atribuye al consejo de administración la competencia para acordar la distribución de la retribución entre los distintos administradores, mediante una decisión que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, y para, en el caso de designar consejeros delegados o ejecutivos, aprobar con carácter preceptivo un contrato con los consejeros delegados o ejecutivos en el que se detallen todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas.

Fuente: Iustel

Se revoca la sentencia impugnada que estimó la acción social ejercitada contra el recurrente, en calidad de administrador de una sociedad, por las deudas sociales, por estar incursa la sociedad en causa legal de disolución y no haber realizado las actuaciones que le eran exigibles para la disolución y liquidación de la sociedad ni solicitar la declaración de concurso.

Declara la Sala que para atribuir al administrador social la responsabilidad solidaria por las obligaciones sociales existentes ha de estar vigente su cargo, y, por tanto, no se le puede atribuir tal responsabilidad por las obligaciones nacidas con posterioridad al cese de su cargo, pese a que el incumplimiento de promover la disolución y liquidación por concurrir causa legal para ello se haya producido estando vigente su nombramiento. En el presente caso, la obligación social nació antes del acaecimiento de la causa legal de disolución, por lo que no puede condenarse al administrador solidariamente con la sociedad al pago de la deuda con base, tal y como hizo la sentencia recurrida, en el art. 105.5 de la LSRL, en la redacción dada por la disposición final 2 de la Ley 19/2005.

Fuente: Iustel

El Tribunal Supremo (TS) ha sentenciado que una compañía disuelta y liquidada mantiene su personalidad jurídica y puede ser parte en un proceso de reclamación si tiene deudas pendientes, con lo que pone fin a los fallos contradictorios que existían en torno a esta doctrina.

El Supremo ha resuelto un recurso de casación procedente de un procedimiento en el que se planteaba si una sociedad de capital disuelta y liquidada tiene o no capacidad para ser parte en un proceso judicial una vez cancelados sus asientos registrales.

Aunque pronunciamientos anteriores en 2011 y en 2013 reconocieron la capacidad de una empresa extinta para ser parte por entender que pervive su personalidad jurídica, otra de 2012 consideró que no se puede demandar a una sociedad que carece de personalidad jurídica y que las compañías pierden esta condición en el momento de cancelación de los asientos registrales.

Ahora, el TS sostiene que, aunque la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva la pérdida de su personalidad jurídica en cuanto que no puede operar en el mercado, la sociedad conserva esta personalidad respecto a las reclamaciones pendientes basadas en deudas que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación.

De esta manera, concluye que la personalidad jurídica de una empresa está latente únicamente para completar las operaciones de liquidación, lo que le otorga capacidad para ser parte como demandada, y que ésta podrá ser representada por la liquidadora.

Esta sentencia procede del proceso por el cual Estela Talón Escriche interpuso una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia 17 de Valencia contra la entidad Jardines-V, que promovió la construcción de un edificio cuya escritura vendió en 2005 a la demandante.

Talón Escriche advirtió que existían defectos en la colocación del pavimento de la vivienda y que el suelo de terrazo requería de obras de reparación, por lo que exigió a Jardines-V que llevase a cabo estas obras o le indemnizase con 48.822 euros para hacer frente a su pago.

Sin embargo, la liquidadora de la empresa demandada argumentó que no debía hacer frente a esa obligación debido a que la compañía estaba extinta desde 2009, por lo que carecía de personalidad jurídica para formar parte de un proceso judicial. Asimismo, argumentó la prescripción de la acción, pues se había cumplido el plazo previsto en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), ya que la vivienda se entregó en 2005 y las primeras reclamaciones datan de 2011.

Tras presentar el informe elaborado por los arquitectos Raquel Marcos López y Rafael Antonio Ortega Escrig, que acredita que la colocación del terrazo «fue defectuosa» y provocó juntas abiertas, baldosas levantadas o rehundidas, rotura de piezas y elementos de rodapié levantados, entre otros, el Tribunal Supremo ha estimado que la promotora vendedora está obligada a reparar el perjuicio derivado de la instalación defectuosa y volver a instalar correctamente el suelo del piso, con lo que estima la sentencia de primera instancia.

Fuente: Iustel

El Tribunal Supremo accede en su STS de 23 de noviembre de 2016 a la pretensión de la entidad actora, que celebró un contrato de ejecución de obra con la demandada, y declara que la sentencia impugnada ha infringido los arts. 4 y 9 de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en su redacción dada por las Leyes 5/2010 y 11/2013.

Considera que la limitación del plazo de 60 días para el pago de las facturas tiene carácter imperativo, así como que son nulas, por abusivas, las cláusulas que determinan plazos superiores, por lo que el establecimiento de un plazo que no se ajusta a lo establecido legalmente es nulo de pleno derecho. Por otro lado, señala que, en contra de lo establecido en la sentencia de instancia, el mero hecho de que la recurrente no hubiera impugnado previamente el contenido abusivo de alguna de las cláusulas del contrato no constituye un acto propio que impida su reclamación en el transcurso de la ejecución del mismo.

Fuente: Iustel