Cuestionándose la validez y eficacia jurídica del convenio regulador, en situaciones de crisis matrimonial, que no ha sido sometido a aprobación judicial, señala la Sala que los acuerdos sobre medidas relativas a hijos comunes, menores de edad, son válidos siempre y cuando no sean contrarios al interés del menor, no pudiendo renunciar ni disponer del derecho del menor a la pensión de alimentos, ni compensarse con una deuda entre los progenitores, ni someterse condicionalmente en beneficio de los menores. En este caso los cónyuges redactaron de mutuo acuerdo un convenio de naturaleza privada, no aprobado judicialmente, para regir las relaciones de la separación de hecho. El actor opone la excepción del contrato incumplido, alegado que su incumplimiento de la obligación alimenticia pactada viene precedido del incumplimiento por la recurrida del régimen de visitas y comunicación entre él y su hijo, que también fue pactado; alegación que no puede ser acogida pues, la especial naturaleza de la obligación alimenticia de los progenitores para con sus hijos menores de edad, impide hacer depender su pago del cumplimiento o incumplimiento del progenitor custodio de otras estipulaciones del convenio.

Fuente: Iustel

Para resolver la cuestión la Sala considera que para apreciar esa causa de extinción de la pensión ha de aparecer probado que la falta de relación manifiesta entre padres e hijos es de modo principal y relevante, imputable a éstos. En el presente caso entiende que ese carácter principal, relevante e intenso no ha quedado probado, por lo que casa la sentencia recurrida que declaró la extinción de la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad solicitado por el padre en la demanda de modificación de medidas, basándose en la nula relación personal de los hijos con el alimentante, ya que la sentencia recoge que la nula relación “puede” ser imputable a aquéllos, pero categóricamente no lo tiene claro, pues, añade, “sin que ello reste responsabilidades al padre por su falta de habilidades”.

Fuente: Iustel

Así lo pone de manifiesto la Sala Civil del Alto Tribunal, que revisa doctrina al resolver diversas cuestiones sobre el ámbito y los efectos de la atribución de la condición de gananciales, por voluntad expresa o presunta de los cónyuges, a los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia de la sociedad de gananciales, cuando la adquisición se ha realizado, en todo o en parte, con dinero privativo.

La sala interpreta las normas que regulan las atribuciones de ganancialidad por voluntad de los cónyuges (arts. 1323 y 1355 CC) y su relación tanto con la presunción de ganancialidad (art. 1361 CC) como con los distintos criterios legales de determinación del carácter ganancial o privativo de los bienes (subrogación real, arts. 1346.3 y 1347.3 CC; adquisiciones mixtas, art. 1354 CC; accesión económica, art. 1356 CC), así como con la relevancia de no haber hecho reserva de que se aporta dinero privativo al adquirir un bien al que se va a atribuir carácter ganancial (art. 1358 CC).

La sentencia considera que son gananciales los bienes adquiridos conjuntamente por los esposos cuando consta la voluntad de ambos de atribuir carácter ganancial al bien adquirido, pero, en tal caso, si se prueba que para la adquisición se han empleado fondos privativos, el cónyuge titular del dinero tiene derecho a que se le reintegre el importe actualizado, aunque no hiciera reserva sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso.

Por el contrario, la declaración de un solo cónyuge de que adquiere para la sociedad o de que adquiere con carácter ganancial, por sí sola, no es suficiente para que el bien tenga ese carácter, de modo que si el cónyuge adquirente prueba el carácter privativo del dinero empleado, el bien será privativo.

En el caso concreto resuelto, el litigio versaba sobre tres inmuebles. Al primero de ellos el esposo le atribuyó carácter ganancial. No ha quedado probada la existencia de la voluntad común al respecto y fue abonado con dinero privativo del marido, por lo que cuando se adquirió ingresó en su patrimonio privativo. En consecuencia, se considera privativo del marido.

En el segundo inmueble, la atribución de ganancialidad fue realizada por ambos cónyuges, por lo que el bien se considera ganancial. En este caso, no está probado el pago con dinero privativo, por lo que no procede reconocer ningún derecho de reembolso.

El tercer inmueble también fue calificado como ganancial por ambos cónyuges en la escritura de compraventa, pero fue abonado con dinero privativo del esposo, lo que determina un derecho de reembolso a favor del aportante, aunque no hiciera reserva expresa en el momento de la adquisición sobre la procedencia del dinero ni sobre su derecho de reembolso.

Fuentes: Iustel

Y es que la doctrina de la Sala tiene establecido que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será sólo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente.

Fuente: Iustel