OBLIGACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INDEMNIZAR EN CASOS DE EMBRIAGUEZ DEL ASEGURADO

febrero 8, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

OBLIGACIÓN DE LA ASEGURADORA DE INDEMNIZAR EN CASOS DE EMBRIAGUEZ DEL ASEGURADO

Para que la aseguradora quede liberada de la obligación de indemnizar por la conducción en estado de embriaguez del asegurado, la exclusión de la cobertura ha de ser firmada y figurar de modo destacado.

El TS mantiene en STS de 14 de Julio de 2015 la sentencia que desestimó la acción de reclamación de cantidad contra la compañía de seguros demandada, por el impago de la indemnización derivada del fallecimiento por accidente de circulación del hijo del actor, que es el que suscribió la póliza en calidad de tomador, y en la que se excluía la cobertura por accidente sufrido por el asegurado cuando se encontrara en estado de embriaguez.

Afirma, que la Sala viene considerando que la cláusula que excluye en la póliza los accidentes producidos en situación de embriaguez manifiesta debe considerarse como limitativa de derechos, por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente. En estos supuestos para que el asegurador quede liberado de su obligación de indemnizar es necesario que se cumpla la doble exigencia del art. 3 de la LCS, esto es, que las cláusulas limitativas de derechos figuren de modo especial y que sean especialmente aceptadas por escrito. En el caso litigioso la cláusula controvertida de exclusión de garantía aparece adecuadamente destacada, inserta con letras mayúsculas, en las condiciones particulares, de escasa extensión, debidamente firmadas y de redacción clara y sencilla.

Fuente: Iustel. Ver noticia completa aquí.

PENSIÓN COMPENSATORIA EN CASO DE DIVORCIO

enero 29, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

PENSIÓN COMPENSATORIA EN CASO DE DIVORCIO

El tiempo previo de convivencia entre los cónyuges, podrá tenerse en consideración para la fijación de la pensión compensatoria en caso de que haya divorcio.

La Sala de lo civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 16 de diciembre de 2015, por la que establece el criterio a seguir cuando en el seno de una unión de hecho sus integrantes deciden en un primer momento articular su relación sentimental sobre la base de una convivencia more uxorio, excluyendo voluntariamente y de facto la celebración del matrimonio, y pasado cierto número de años deciden finalmente contraer matrimonio.

Según el TS, en estos casos de convivencia more uxorio seguida de matrimonio sin solución de continuidad, podrá tenerse en cuenta esa convivencia precedente para decidir sobre la pensión compensatoria prevista en el art. 97 CC, consecuencia de la ruptura de la convivencia matrimonial.

Fuente: Noticias Jurídicas ver noticia aquí

LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DEL ARTÍCULO 1438 DEL CÓDIGO CIVIL EN EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE SEPARACIÓN DE BIENES

enero 28, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DEL ARTÍCULO 1438 DEL CÓDIGO CIVIL EN EL RÉGIMEN ECONÓMICO DE SEPARACIÓN DE BIENES

La STS 4897-2015 de 25 de noviembre reitera como doctrina jurisprudencial que: “El derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para casa. Se excluye, por tanto, que sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge”.

“TERCERO.- En el caso, dice la sentencia, que «por el juzgado se ha hecho una valoración en general de lo que constituye la realidad del contenido del artículo», es decir, participa de la afirmación de que » no ha quedado acreditada la concurrencia de las circunstancias y requisitos exigidos para acordar la compensación indemnizatoria reclamada en la demanda», pero es evidente que esta falta de acreditación no viene referida al trabajo y a la dedicación de la esposa al matrimonio, sino a las circunstancias económicas en las que convivió el matrimonio hasta la ruptura de sus relaciones, especialmente referidas al importante patrimonio del que disfrutaba («matrimonio adinerado», que vivía en un chalet de lujo, en una zona exclusiva, con chofer y servicio doméstico), pero sin negar que la esposa, con un «innumerable patrimonio «, se dedicara al cuidado de la casa y de los dos hijos, aun estando en condiciones de desarrollar su faceta laboral o profesional, contando con ayuda externa, con exención de estas labores al esposo. Lo cierto es que la norma no discrimina entre el mayor o menor patrimonio de los cónyuges y es evidente que, aplicando la doctrina de esta Sala al caso controvertido, resulta que la esposa que solicita la compensación se ha dedicado de forma exclusiva a las tareas del hogar durante la vigencia del matrimonio, haciéndolo el marido fuera de la casa, bien es cierto que con la ayuda inestimable del servicio doméstico e incluso de un chofer pues a la postre sobre ella recaía, como se dice en el recurso, la «dirección del trabajo doméstico, el interés de la familia y el amor por la prole, que difícilmente forman parte de las tareas domésticas realizadas por el servicio doméstico». Esta Sala ha recordado que la dedicación debe ser exclusiva, lo que aquí se acredita, pero no excluyente, «pues la dedicación se mantiene al margen de que pueda tomarse en consideración para cuantificar la compensación, una vez que se ha constatado la concurrencia de los presupuestos necesarios para su reconocimiento», como ocurre en este caso.

CUARTO.- La forma de determinar cuantía de la compensación ofrece algunos problemas. (…) Una de las opciones posibles es el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar. (…)

Como se ha expuesto, nada dice la norma sobre como debe hacerse esta compensación económica por lo que deberá el Juez valorar todas estas circunstancias y procurar hacerlo de una forma ponderada y equitativa a la extinción del régimen económico matrimonial teniendo en cuenta dos cosas: primera que no es necesario para obtenerla que se haya producido un incremento patrimonial de uno de los cónyuges, del que pueda ser participe el otro, y, segunda, que lo que se retribuye es la dedicación de forma exclusiva al hogar y a los hijos, dentro de la discrecionalidad que autoriza la norma; circunstancias todas ellas que permiten concretar la compensación en la cifra de doscientos cincuenta mil euros, atendiendo a los años de convivencia y al apoyo que la esposa ha tenido de terceras personas en la realización de tales menesteres, sin que la situación patrimonial que pretende hacer valer el esposo sea óbice para ello. El esposo refiere a una situación concursal o preconcursal en que se encuentran sus sociedades, pero lo cierto es que no consta que esta situación de insolvencia, que ha afectado a sus sociedades, haya también afectado de forma sustancial a su importante patrimonio personal, ni a la capacidad para generar nuevos negocios en la actualidad.”

Fuente: OTROSI.NET Ver aqui

LA SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA NO ES INSCRIBIBLE MIENTRAS QUEPA ACCIÓN DE RESCISIÓN

enero 17, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

LA SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA NO ES INSCRIBIBLE MIENTRAS QUEPA ACCIÓN DE RESCISIÓN

La sentencia dictada en rebeldía no es inscribible mientras quepa la acción de rescisión, pese a constar la firmeza de la misma.

La Dirección General de los Registros y del Notariado confirma la negativa del registrador a inscribir la sentencia dictada en rebeldía, al no acreditarse que haya transcurrido el plazo durante el cual el declarado rebelde puede ejercitar la acción de rescisión sin haberla ejercitado o, en caso de haberlo hecho, que ha recaído resolución judicial firme desestimatoria.

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

1. Se discute en el presente expediente en primer lugar si es inscribible un testimonio de una sentencia recaída en ejercicio de la acción de división de cosa común dictada en rebeldía procesal de uno de los demandados sin que conste el transcurso de los plazos indicados por la Ley de Enjuiciamiento Civil para el ejercicio de la acción de rescisión, pese a constar en diligencia de ordenación de fecha 8 de abril de 2015 la firmeza de la misma.

Tal cuestión ha sido ya resuelta con criterio uniforme por este Centro Directivo (Resolución de 21 de mayo de 2015) al entender que dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en la propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros públicos».

Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en el «Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. En este sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil señala tres plazos de caducidad para el ejercicio de la acción de rescisión de las sentencias dictadas en rebeldía, a contar desde la notificación de la sentencia: un primero de veinte días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera notificado personalmente; un segundo plazo de cuatro meses, para el caso de que la notificación no hubiera sido personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de dieciséis meses para el supuesto de que el demandado no hubiera podido ejercitar la acción de rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la causa de fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia.

Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento presentado a la calificación o bien de otro documento que lo complemente. En la sentencia presentada a inscripción, nada consta sobre el transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los artículos 501 y 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a partir de las cuales se cuentan dichos plazos; por otra parte, dadas las fechas de la sentencia (10 de octubre de 2014), y de la diligencia de ordenación donde se hace constar la firmeza de 8 de abril de 2015 y el testimonio de 16 de abril de 2015, tampoco ha transcurrido el plazo de dieciséis meses para el caso de existencia de fuerza mayor (cfr. artículo 502.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Todas estas circunstancias son esenciales para la calificación del registrador, puesto que según el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada no es inscribible sino solamente susceptible de anotación preventiva. Por tales motivos el citado defecto debe confirmarse.

Fuente: OTROSI.NET

http://www.otrosi.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee–999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LPT33uHnt2dTx_s3_-Fl3ndFNXys72d3fu7u3sP8EFxfv20mr65XuWfnWdlk_8_Z868rTUAAAA=WKE

EL CONCEPTO DE VÍA PÚBLICA ES JURÍDICO Y NO DE MERO HECHO

enero 17, 2016 Por Emilio Bernabeu Deja un comentario

EL CONCEPTO DE VÍA PÚBLICA ES JURÍDICO Y NO DE MERO HECHO

El concepto de vía pública es jurídico y no de mero hecho. La inclusión en un plan de urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio público, sino a través del acto de entrega y aceptación.

Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2015, Recurso: 2007/2013 Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz.

STS 4708-2015

“Como recogíamos en la sentencia de 29 de octubre de 2014, Rc. 3315/2012 , la sentencia de 3 de octubre de 2014, Rc. 2328/2012 , establece que el concepto de vía pública es jurídico y no de mero hecho, trayendo a colación la de 24 de diciembre de 1996, Rº. 2895/1993, doctrina legal para el presente recurso, que declara rotundamente que la inclusión en un plan de urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio público, sino a través del acto de entrega y aceptación. Dice así: «La inclusión en un plan general de ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación…no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, normas que son de inexcusable observancia, debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los propietarios de suelo urbano por la legislación urbanística, se produce con la correspondiente acta de entrega y recepción, que produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical».

En consecuencia, la franja aquí discutida no es al día de hoy vía pública en sentido jurídico y, por tanto, no puede calificarse como tal para producir efectos jurídicos en relación con las servidumbres de luces, vistas y paso objeto del debate.

6.- Sin embargo, según ya decíamos en aquella sentencia (29-10-2014 ), ello sería abordar sólo un aspecto de la existencia o no de servidumbre de luces, vistas y paso, pues la sentencia no se centra en el concepto jurídico de vial público, sino en las segregaciones y parcelas que se configuran sometiéndose a las alineaciones proyectadas en el plan general de urbanismo, con una finalidad clara de construir el que adquiere.

Como afirma esta Sala en las Sentencias que cita la recurrida de 13 de mayo de 1989 y 15 de febrero de 1995 «…en supuestos de parcelación de una finca ha de entenderse que ha habido cesión implícita a los adquirentes de solares de las superficies correspondientes a instalaciones y servicios comunes puesto que en caso contrario la finalidad de la parcelación se vería frustrada…».

Trasladando ello al supuesto presente no tendría sentido autorizar segregaciones y acomodación al plan urbanístico, con cesión de terreno para viales y acerados, si luego se niega la apertura de huecos a tales espacios libres, por ser consustancial a la urbanización que se materializa tales recursos constructivos aunque el vial no tenga aún «jurídicamente» el concepto de público.”

Fuente: Editorial Jurídica Sepín / OTROSI.NET

http://www.sepin.es/revistas-digitales/inmobiliario/revista.asp?cod=01%2D0G%5F1LF1jE0E%5F0ya01a09Q0FU1jG07l07o29Q07Q0Rn1yz0JQ01l1SA0Ag0CU1CY0Ap1yG0XP0A%5F2JQ0G%5F0B604l0GL0BG07p0Va

http://www.otrosi.net/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt_SvVK1-B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee–999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9-fB8_IorZ7LPT33uHnt2dTx_ufPoLL_O6KarlZ3s7u_d393bu4YPi_PppNX1zvco_O8_KJv9_AAzyR2Q1AAAAWKE