La sentencia recurrida considera que procede sustituir el interés de demora previsto en la cláusula anulada, que era del 25%, por el previsto en el art. 114.3 de la LH, que es el triple del interés legal; y el prestatario considera que una vez anulada la cláusula no devenga ningún interés cuando haya incurrido en mora. La solución a la cuestión controvertida viene determinada por la STJUE de 7 de agosto de 2018, que resuelve la cuestión prejudicial planteada en este recurso, y que acordó que la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, pero se siguen devengando los intereses remuneratorios pactados en el contrato.

Fuente: Iustel

Partiendo de los hechos declarados probados en el caso examinado resulta que los demandantes/recurrentes -padres de uno de los prestatarios- pagaron a la entidad acreedora el importe de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario que no había quedado cubierto por la subasta del inmueble hipotecado. Entiende la Sala que, al pagar la deuda, la prestación de los demandantes constituyó una atribución gratuita a favor de su hijo respecto de la parte que le correspondía en la deuda, por lo que nada reclaman ahora frente a él. Por el contrario, la asunción de deuda con pago liberatorio respecto de la parte correspondiente a la otra prestataria -la ex pareja del hijo de los demandantes- considera que debe ser tratada como un pago por tercero previsto en el art. 1158 del CC. Así, los demandantes pactaron con el banco que su pago sería liberatorio de la deuda de los prestatarios, pero no extinguiría la obligación, puesto que su intención era recobrar lo pagado y así lo plasmaron en el acuerdo con el banco; por ello, la asunción liberatoria de la deuda de uno de los prestatarios permite dirigirse contra ella.

Fuente: Iustel

En concreto, seis magistrados -Nicolás Mourandi, Pablo María Lucas Murillo, Francisco José Navarro, José Manuel Bandrés, Fernando Román y José Manuel Sieira– han presentado votos particulares a las tres sentencias sobre este asunto que tras pasar por el Pleno depositaron el pago del impuesto sobre los ciudadanos, mostrando discrepancias a las que se han adherido otros seis. Hubo un decimotercero que votó en contra, pero no ha emitido voto alguno.

Sin embargo, más allá de expresar su disconformidad con el fondo, pues en general argumentan que debería ser el banco quien asumiese el tributo, critican el modo en que se ha llevado esta cuestión en el Tribunal Supremo, avocando al Pleno el debate sobre una sentencia que ya era firme e implicaba un cambio en la jurisprudencia.

«La confianza social en la administración de justicia es un elemento esencial para que el modelo de convivencia que es el Estado de Derecho no sea una mera proclamación retórica y se convierta de manera efectiva en una real convicción de la mayoría de los ciudadanos», dice el voto particular del magistrado Nicolás Maurandi.

«Y esa confianza -añade– queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes».

Es una percepción similar a la que expresa el magistrado Lucas Murillo, en un voto al que se han adherido Isabel Perelló, José María Del Riego y Diego Córdoba. Dice que «el Pleno de la Sala no podía corregir la interpretación de la Sección Segunda sin grave daño a la seguridad jurídica ni muy serio quebranto de la posición constitucional del Tribunal Supremo».

«El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales no puede decir una cosa el 16 de octubre y otra radicalmente opuesta el 6 de noviembre simplemente porque se considere preferible una interpretación a la otra», asegura.

Tanto el magistrado que lo escribe como los tres que lo refrendan aceptan que «en cualquier momento se puede someter al Pleno de la Sala la corrección de una doctrina sentada por una Sección si fuera errónea». «Ahora bien, cuando la contraposición se mueva entre una solución posible y otra que se tiene por preferible, se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto», afirma.

EL TRIBUNAL NO ESTUVO A LA ALTURA

Para el magistrado Fernando Román, el Supremo no ha estado a la altura de lo que demandaba el «interés general». «Exigía que, en un momento de gran incertidumbre social, que afectaba gravemente al mercado hipotecario en nuestro país, diéramos una respuesta lo más precisa posible a la cuestión del alcance temporal y material que cabría atribuir a la nueva doctrina jurisprudencial que consideraba que el prestatario no era el sujeto pasivo de este tributo», apunta en su voto particular.

El magistrado José Manuel Sieira, para quien el cambio jurisprudencial que hizo la Sección Segunda al avalar a los clientes frente a la banca está «plenamente justificado», añade una crítica velada hacia el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, que le reemplazó en el cargo. Opina que si bien tiene competencia para convocar el Pleno «ello no supone que su criterio deba necesariamente ser compartido ni que tal decisión no pueda ser sometida al control de éste».

En su opinión, «la jurisprudencia, por su propia naturaleza, esta llamada a evolucionar, precisarse y matizarse con el transcurso del tiempo» pues «el Derecho es algo vivo que evoluciona como consecuencia de que la interpretación de las normas jurídicas es un proceso integrado por diferentes criterios que van desde el sentido propio de las palabras en relación con su contexto, los antecedentes históricos y legislativos, hasta la realidad social del momento».

Así, para el magistrado, «basta tener en consideración la relevancia que hoy alcanza la tutela de los derechos de los consumidores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, dirigir la mirada a las sentencias en la materia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en lo que atañe los negocios jurídicos bancarios, para darse cuenta de lo contrario».

PREGUNTAR AL TUE Y AL TC

De hecho, para el magistrado José Manuel Bandrés, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo «no puede desbordar los límites de interpretación de las normas tributarias asumiendo funciones propias del poder legislativo», cosa que en su opinión estaba haciendo porque al final, ninguno de los supuestos sobre la mesa conducía a «una solución unívoca», ya que el origen del problema es «la inconcreción de la norma aplicada».

Por eso, considera que antes de fallar en casación, el Pleno debió haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional desde el punto de vista de la igualdad a nivel tributario. También tendría en su opinión, que haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque «puede ser relevante» que «aclare los límites que deban respetar los Estados miembros de la Unión a la hora de establecer la tributación que deben soportar las operaciones inmobiliarias para la adquisición de la primera vivienda».

UN TONO «BELIGERANTE» Y «DESAPACIBLE»

El voto particular del magistrado Francisco José Navarro, al que se adhieren sus compañeros de Sala Eduardo Calvo, Ángel Aguallo y Jesús Cudero, contra las sentencias es uno de los más duros y más extensos. De hecho, dedica las primeras diez páginas al «beligerante» y «desapacible» tono empleado en las sentencias y transmite su «extraordinaria preocupación» por la imagen ofrecida por el Supremo.

«Lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad, en particular a los teóricos y prácticos del Derecho y, muy en especial, a los jueces y magistrados que integran la carrera judicial y, que, en su quehacer diario, confían en el ejemplo del Tribunal Supremo a la hora de esclarecer la resolución de los asuntos que se someten a su decisión, que pueden quedar perplejos con estas actitudes belicosas», explica.

Pero además de esta «falta de respeto», Navarro cree que las «poco templadas palabras de los ponentes» de las sentencias que deshacen el cambio jurisprudencial también van dirigidas contra los propios magistrados de la Sala de lo Contencioso que asistieron al Pleno, pues considera que las sentencias utilizan un «tono despectivo o burlesco» al referirse a quienes defendían que el impuesto recayese en la banca y de «panegírico» cuando aluden a las atribuciones del presidente de la Sala.

El voto particular de este magistrado incluye además, críticas contra la «acelerada» convocatoria del Pleno, cuyas «circunstancias y términos hacían pensar, no de un modo implícito ni dudoso, en una terminante llamada a la rectificación o enmienda de la jurisprudencia establecida» en la sentencia que daba la razón a los clientes.

Fuente: Iustel

Desde hace más de tres años, el Supremo consideraba que, ante la falta de una previsión legal que fijara el criterio aplicable para el control de la abusividad en los préstamos hipotecarios y personales firmados por consumidores, el interés de demora no podía exceder de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio.

De este modo, en caso de que se superara este porcentaje, la cláusula se consideraba abusiva y, como consecuencia, se establecía la supresión total del recargo que el interés de demora supone respecto al interés remuneratorio, aunque se mantiene que siga devengándose por el capital pendiente de devolución.

Esta doctrina jurisprudencial fue puesta en cuestión por diversas resoluciones, si bien, el TJUE declaró el pasado 7 de agosto que es conforme al Derecho de la Unión Europea, avalando la doctrina española y despejando cualquier duda sobre su conformidad.

Ahora, la Sala Civil del Supremo ha abordado un recurso de casación que se resuelve y que trata sobre un préstamo hipotecario en el que el interés remuneratorio era del 4,75% y el de demora del 25%, sobre una demanda presentada el 27 de junio de 2013.

El cliente contrató un préstamo con garantía hipotecaria para adquirir su vivienda familiar por un importe de 17.633,70 euros, que debía devolver en 20 años mediante el pago de cuotas mensuales. El tipo de interés inicialmente pactado fue del 5,5% anual, sujeto a variación a partir del primer año.

Cuando el prestatario dejó de pagar las cuotas incurriendo en mora, el interés remuneratorio se devengaba al tipo del 4,75%, pero se establecía una cláusula en la que se indicaba que las cuotas del préstamo que no se pagaran a su vencimiento devengarían un interés de demora del 25% anual.

Así, se declara que no es correcta la solución de la sentencia recurrida por Banco Sabadell –como representante de Banco Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras su absorción–, que había sustituido el interés de demora abusivo por el triple del interés legal del dinero.

Al mismo tiempo, tampoco se acepta la pretensión del banco de no abonar interés alguno, porque el interés remuneratorio fijado en el contrato sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución, por lo que continúa su devengo.

No obstante, la estimación del recurso de casación ha sido parcial, ya que cuando el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar sigue devengando el interés remuneratorio fijado en el contrato, a pesar de que el consumidor sostiene que esto no debe ser así.

Fuente: Iustel