En concreto, el Alto Tribunal ha declarado nulos todos los contenidos relativos a las menciones a las divisas distintas al euro de la escritura hipotecaria, conllevando la consideración de que la cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo del préstamo referenciado en euros, resultante de restar al importe prestado la cantidad amortizada hasta la fecha, también en euros, en concepto de principal e intereses.

De esta forma, el contrato deberá subsistir sin los contenidos declarados nulos, entendiendo que el préstamo lo fue de 136.800 euros, y no de hasta 200.000 euros que establecía cuando los clientes decidieron cambiar de divisa y pese a haber amortizado «una buena parte». Se deberá utilizar el tipo de interés fijado en la escritura del préstamo en euros.

«Las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia porque los prestatarios no han recibido la información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con la moneda en que los prestatarios reciben sus ingresos, ni sobre las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales riesgos», recoge la sentencia.

Es fundamentalmente por esto que el Supremo ha estimado el recurso de casación, ya que considera que el banco ha incurrido en la infracción denunciada. Esto obliga a eliminar cualquier referencia a la denominación en divisas del préstamo y éste queda como una hipoteca concedida y amortizada solamente en euros.

El Supremo explica que la nulidad total del préstamo no es lo adecuado debido a que supondría un «serio» perjuicio para el cliente, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, de modo que declararlo nulo por cláusula abusiva no negociada puede perjudicarle más.

Según explica el despacho Gabeiras & Asociados, del que es socia fundadora Patricia Gabeiras y es la abogada que ha llevado la dirección letrada de este caso, el Supremo considera en esta sentencia que un consumidor con estudios superiores tendría capacidad para entender el producto, pero sólo si se le explica con información suficiente.

INFORMACIÓN INSUFICIENTE

«Este caso confirma que ni la información precontractual facilitada, ni la propia escritura informa debidamente del riesgo de que el importe adeudado se incremente por encima del prestado, del riesgo de que las cuotas se hagan muy difíciles de pagar, ni de la posibilidad que tiene el banco de exigir garantías adicionales», precisa.

Esta sentencia adapta la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que en 2017 estableció los criterios mínimos de transparencia que deben cumplir los bancos para poder comercializar estos créditos.

Fuentes de Bankinter consultadas por Europa Press resaltan que tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial el fallo ha sido favor del banco, no en contra. Además, insisten en que el Alto Tribunal desestima la parte en la que se alega a infracción procesal y «gran parte de los motivos del recurso de casación».

«Habla de un perfil de clientes que hicieron cambios de divisa en la hipoteca multidivisa, por tanto, parece que conocían la operativa de divisas», señalan.

184 MILLONES EN PROVISIONES

Bankinter es la entidad bancaria que más préstamos hipotecarios con cláusulas multidivisa ha concedido, ya que se calcula que hay más de 20.000 familias y profesionales afectados por este producto. De hecho, aunque la consejera delegada ha repetido en numerosas ocasiones que este tipo de préstamos se comercializaron «correctamente y bajo demanda», el banco realizó una provisión de 184,7 millones de euros en el ejercicio 2018 para hacer frente a los pleitos relacionados con estas hipotecas.

Las hipotecas multidivisa son préstamos contratados en euros cuyas cuotas de amortización y capital se calculan en base al valor de las divisas diferentes a las que a lo largo de la vida del préstamo esté referenciado el préstamo. A diferencia de los convencionales, son productos complejos que se exponen a la volatilidad del tipo de interés y a la fluctuación de la moneda, pudiendo generar extraordinarias pérdidas patrimoniales.

Fuente: Iustel

Para ello parte del art. 6.1 de la Directiva 93/13, sobre contratos celebrados con consumidores, que exige el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva. El precepto contiene un efecto restitutorio que es no reconducible al art. 1303 del CC cuando se trata de la cláusula de gastos, pues no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino pagos hechos a terceros. Para dar efectividad al art. 6.1, entiende la Sala que resulta aplicable analógicamente el art. 1896 del CC que establece que cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el momento en que se recibió el pago indebido -en este caso, el beneficio indebido por el prestamista-, puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente.

Fuente: Iustel

El fallo judicial confirma una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña «y obliga al Banco Santander, como sucesor de la desaparecida entidad, a devolver a los accionistas los 4.225 euros que invirtieran en aquella emisión de valores», explican fuentes del bufete.

A la hora de determinar si los clientes tenían pleno conocimiento del riesgo que asumían al comprar las acciones del Popular, la Audiencia de A Coruña afirma que «la propaganda informativa del banco era laudatoria sobre sus posibilidades futuras».

No obstante, tras el traspaso por un euro al Santander y la pérdida del valor de las acciones, entiende que la imagen de solvencia de la entidad «no se ajustaba en modo alguno a su realidad económica».

La Audiencia descarta imponerle el pago de todas las costas procesales al Santander al no existir, por ahora, una doctrina unificada del Tribunal Supremo sobre la anulación de órdenes de compra de acciones del Popular respecto a la ampliación de capital de 2016.

Fuente: Iustel

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, acudió a Popular con el fin de contratar un préstamo hipotecario, mientras que el banco le ofreció una cobertura de la financiación que en principio no entrañaba pérdidas, cuando en realidad se trataba de varios ‘swaps’ exóticos encadenados con opción de compra de acciones.

La Audiencia Provincial ha calificado la operación de «único negocio jurídico» en beneficio del banco y con dramáticas consecuencias para el cliente. La empresa demandante contrató el producto creyendo que se basaba en sus intereses y sin ser informado de su carácter especulativo.

El empleado del banco, que ha admitido que la iniciativa de ofrecer el producto al cliente fue suya, se ha defendido asegurando que en ningún momento se le informó de que podía incurrir en pérdidas si bajaban los intereses o que el alcance de las pérdidas podrían ser de un volumen tan importante.

Así, se concluye que la operación carecía de servicio de utilidad para el cliente y favorecía al banco, de forma que el sentido económico para el demandante no existía. Se trató de una intermediación financiera que buscaba una contraparte a quien descargar el riesgo.

«Esta circunstancia es la que nos sirve para concluir que, el demandante, de haber conocido la realidad de los productos ofertados o si hubiera sido informado efectivamente acerca del comportamiento que aquellos podían tener en el mercado y los riesgos que entrañaban nunca hubiera procedido a prestar su consentimiento», recoge la sentencia.

En suma, la Audiencia Provincial Guipúzcoa ha desestimado el recurso de apelación formulado por la representación de Popular contra la sentencia en primera instancia del 28 de marzo de 2018 y se confirma la misma en todos sus extremos.

Frente a esta resolución se podrá interponer en la misma sala en la que se ha emitido el fallo, fechado el pasado 15 de febrero, y en el plazo de veinte días, un recurso de casación o un recurso extraordinario por infracción procesal.

Fuente: Iustel