DELITO DE FALSEDAD IMPRUDENTE EN DOCUMENTO PÚBLICO

FALSEDAD

DELITO DE FALSEDAD IMPRUDENTE EN DOCUMENTO PÚBLICO

Delito de falsedad imprudente en documento público de los artículos 391 en relación con el artículo 390.1.3 y 4 del Código Penal cometida por notario. Doctrina sobre la revisión de sentencias absolutorias. Que, si bien asiste la razón al Ministerio Fiscal en que el tipo delictivo no requiere que se cause un perjuicio efectivo y determinado en el tráfico jurídico, bastando la potencialidad de causarlo así como que la conducta del Notario fue negligente al no verificar la efectiva concurrencia del poder, la solicitud de revisión requiere una valoración que va más allá de la corrección de un mero error de subsunción

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 19 de noviembre de 2015, para el Tribunal de Instancia la constancia del poder resultaba irrelevante para el principal afectado por la escritura, mientras que para el Fiscal otras pruebas demuestran lo contrario, como podría comprobarse examinando las actuaciones. Esta reevaluación fáctica que se tendría que realizar para esclarecer esta contradicción es precisamente la que no puede efectuar este Tribunal en casación, conforme a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, y es la que provocó expresamente la resolución condenatoria dictada en el caso Lacadena Calero, como puede constatarse de su detenida lectura.

FCO CUARTO.- En el caso actual es claro que nos encontramos ante la necesidad de reevaluar la prueba. En efecto, asiste la razón al Ministerio Público en su afirmación de que el tipo delictivo de la falsedad documental no requiere que se cause un perjuicio efectivo y determinado en el tráfico jurídico, bastando la potencialidad de causarlo y también en su valoración de que la conducta del Notario acusado, al no verificar la concurrencia efectiva del poder, fue negligente.

Ahora bien, la solicitud de revisión en casación de la absolución acordada por la Audiencia requiere una valoración que va más allá de la corrección de un mero error de subsunción, ya que exige, en primer lugar, una reconsideración de los hechos probados para derivar de ellos la calificación de gravedad de la imprudencia, exigida por el tipo, para la cual el relato fáctico no es suficientemente detallado y explícito.

Y, en segundo lugar, una reevaluación fáctica para la reconsideración del efecto producido en el tráfico jurídico por la mera confección de la escritura, previa a la diligencia complementaria en que se rectifica la intervención de Dª Sofía como mandataria verbal, pues en el hecho probado se señala expresamente que quien intervino como cesionario en la escritura, D. Aquilino , manifestó en dicha diligencia que a la vista del contrato privado suscrito y elevado a escritura pública, no era necesario el consentimiento expreso por parte de ADIF, por lo que ratificaba en todas sus partes la cesión efectuada en la referida escritura.

No es cuestión de reevaluar ahora la corrección de dicha manifestación, sino de constatar que la propia parte interesada manifestó, según el relato fáctico, que la concurrencia del poder alegado por Dª Sofía , y no comprobado por el Notario, era irrelevante, pues a su entender el consentimiento de ADIF era innecesario para la validez del contrato escriturado, lo que excluye que el tráfico jurídico se viese potencialmente afectado por la falta de comprobación del poder.

Modificar esta valoración del hecho probado exige una reelaboración fáctica, y el propio recurso del Ministerio Fiscal, de excelente factura, lo pone de relieve al solicitar, por ejemplo (ver folio 13 del recurso), una reevaluación de las manifestaciones del Sr Aquilino , principal afectado por los hechos que nos ocupan, tanto en su declaración policial, como en la ratificación judicial que de la misma tuvo lugar, como en su testifical en el Plenario, que a juicio del Ministerio Público no dejan dudas de que de haber conocido la carencia de poderes no hubiera firmado la escritura de cesión de derechos.

Sin cuestionar la impecable argumentación del Ministerio Público, es lo cierto que la valoración de dichas declaraciones por este Tribunal sería manifiestamente contradictoria con lo expresado por la sentencia de instancia en su relato fáctico, en el que se hace constar expresamente que el Sr Aquilino consideraba innecesario el consentimiento expreso de ADIF, y ratificaba en todas sus partes la cesión expresada en la escritura, tras conocer, y pese a conocer, la carencia de poder de Dª Sofía . Es decir para el Tribunal de Instancia la constancia del poder resultaba irrelevante para el principal afectado por la escritura, mientras que para el Fiscal otras pruebas demuestran lo contrario, como podría comprobarse examinando las actuaciones.

Esta reevaluación fáctica que tendríamos que realizar para esclarecer esta contradicción es precisamente la que no puede efectuar este Tribunal en casación, conforme a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, y es la que provocó expresamente la resolución condenatoria dictada en el caso Lacadena Calero, como puede constatarse de su detenida lectura.

Fuente: OTROSI.NET ver noticia aquí

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Límite de tiempo se agote. Por favor, recargar el CAPTCHA por favor.