Cuatro magistrados de la Audiencia de Alicante piden abstenerse del juicio en la causa del supuesto amaño del PGOU

Alicante

Cuatro magistrados de la Audiencia de Alicante piden abstenerse del juicio en la causa del supuesto amaño del PGOU

La Audiencia Provincial de Alicante ha designado a tres jueces para examinar la solicitud de abstención formulada por los cuatro magistrados que integran la Sección Tercera respecto al enjuiciamiento de las presuntas irregularidades del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, por las que serán juzgados, entre otros, los exalcaldes de esta ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

El tribunal de la Sección Tercera ha planteado su abstención en esta causa tras haberse pronunciado con anterioridad en dos recursos de apelación interpuestos por algunos de los procesados. Los tres magistrados nombrados ahora –a partir de un turno establecido de antemano para resolver estas cuestiones– deben decidir si concurren los requisitos legales para dicha abstención.

Si así fuera, y la abstención de todos o alguno de los magistrados de la Sección Tercera fuera aceptada, la Audiencia de Alicante debería conformar un nuevo tribunal o sustituir por jueces de otras salas a los miembros cuya abstención se haya aceptado de cara al juicio.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante dio traslado a la Audiencia Provincial de la causa por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para que fijara fecha para el inicio del juicio oral contra los exalcaldes ‘populares’ Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y contra el constructor y empresario Enrique Ortiz.

Está previsto que la vista no se celebre antes del año 2020 en un proceso se ha dilatado debido a que el magistrado instructor, Manrique Tejada, ha tenido que resolver todos los recursos presentados por Fiscalía y defensa, mayoritariamente, durante los últimos meses.

El magistrado dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado mes de febrero, después de dar por finalizada la instrucción. Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia de Alicante admitió parcialmente una queja y un recurso de la Fiscalía por la omisión de los responsables civiles subsidiarios en esa resolución.

El juzgado abrió en febrero juicio oral a los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, por presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al PGOU de la ciudad, una rama del caso Brugal cuya investigación arrancó en 2010.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión para Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por delitos re revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencia. A Castedo, además, le suma prevaricación. Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz reclama 8 años de prisión y 10 de inhabilitación por tráfico de influencias y cohecho.

Junto a las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para el constructor, 63 millones de euros para Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo. La multa para Castedo se explica porque la considera responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso con prevaricación.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, solicita penas de 4 años y medio de prisión para Alperi y 4 años y 9 meses Castedo. Asimismo, solicita más de 1,3 millones de euros de multa para Alperi y 780.000 euros para Castedo, a quienes acusa de los delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y, en el caso de Castedo, además, tráfico de influencias con prevaricación.

Por su parte, el consistorio solicita 5 años y 3 meses de cárcel y 63.000.000 de euros de multa para el empresario y constructor Enrique Ortiz por un delito de corrupción de autoridades, aprovechamiento de secretos y tráfico de influencias.

En esta causa también está personada Esquerra Unida, como acusación particular, que pide penas que suman 10 años de prisión para los exalcaldes del PP y 13 años para el empresario por delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, a Sonia Castedo le atribuyen el delito de prevaricación.

La acusación particular solicita para Castedo, Alperi y Ortiz una multa para cada uno de ellos de 42.100.911 euros, cifra en la que se cuantifica la diferencia del valor de los suelos participados por Ortiz antes y después del presunto amaño del PGOU.

Fuente: Iustel

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